{"id":15881,"date":"2025-04-24T10:31:57","date_gmt":"2025-04-24T08:31:57","guid":{"rendered":"https:\/\/zurbaran.net\/?p=15881"},"modified":"2025-04-24T10:31:58","modified_gmt":"2025-04-24T08:31:58","slug":"estimacion-de-la-accion-social-de-responsabilidad-por-infraccion-del-deber-de-lealtad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zurbaran.net\/en\/estimacion-de-la-accion-social-de-responsabilidad-por-infraccion-del-deber-de-lealtad\/","title":{"rendered":"Estimaci\u00f3n de la acci\u00f3n social de responsabilidad por infracci\u00f3n del deber de lealtad"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1\u00aa, de 20 de marzo de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:1169), versa sobre un complejo supuesto de ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad por infracci\u00f3n del deber de lealtad, explicitado de un modo un tanto confuso, que result\u00f3 finalmente estimada.<\/p>\n\n\n\n<p>El litigio se origin\u00f3 respecto de una determinada sociedad limitada (en adelante, la Sociedad) que ten\u00eda como objeto principal la explotaci\u00f3n de 192 apartamentos de su propiedad ubicados en un edificio de Salou (Tarragona). La Sociedad contaba solo con dos socios: uno de ellos, titular de participaciones que representaban el 60 por 100 del capital social; y otro, titular de las restantes participaciones, que supon\u00edan el 40 por 100 del mencionado capital.<\/p>\n\n\n\n<p>En la demanda que inici\u00f3 el procedimiento, el aludido socio minoritario ejerci\u00f3 sendas acciones de responsabilidad social contra quienes hab\u00edan sido administradores \u00fanicos de la Sociedad (en primer lugar, una determinada persona natural identificada en la sentencia comentada como Roque; y, con posterioridad, hasta la disoluci\u00f3n de la propia Sociedad el 25 de octubre de 2012, una determinada sociedad limitada controlada por el propio Roque, que estaba a su vez representada por un hijo suyo, identificado en la resoluci\u00f3n analizada como Ambrosio), por incumplimiento del deber de lealtad en la explotaci\u00f3n de los apartamentos, una vez concluido el contrato concertado en su momento con un determinado <em>tour operador<\/em> irland\u00e9s, durante el periodo comprendido entre 2008 y 2010, en que se consider\u00f3 desviada actividad y clientela de la Sociedad hacia otras sociedades vinculadas al administrador \u00fanico, lo que habr\u00eda generado un supuesto perjuicio por lucro cesante para la Sociedad de 1.656.694,61 euros; tambi\u00e9n por haber realizado, en representaci\u00f3n de la Sociedad, transacciones con sociedades vinculadas sin autorizaci\u00f3n de la junta general y con duplicidad de servicios y costes, lo que habr\u00eda generado un pretendido da\u00f1o emergente cuantificable en 580.078 euros, de los cuales 147.791 euros se corresponder\u00edan a gastos por servicios jur\u00eddicos indebidamente prestados, en cuanto provenientes de procedimientos judiciales en que fueron desestimadas las pretensiones de la Sociedad; y por la remuneraci\u00f3n abusiva de los administradores a partir de 2006, por duplicidad o solapamiento con los servicios de gesti\u00f3n prestados por otras sociedades.<\/p>\n\n\n\n<p>El juzgado mercantil competente desestim\u00f3 la demanda. Por su parte, la Audiencia desestim\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. Frente a esta \u00faltima sentencia la demandante interpuso recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, estimado en parte, y recurso de casaci\u00f3n, que fue estimado.<\/p>\n\n\n\n<p>Debe rese\u00f1arse que, cuando ocurrieron los hechos respecto de los que se ejercit\u00f3 la acci\u00f3n social de responsabilidad, estaban en vigor la Ley de 2\/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y la Ley de Sociedades An\u00f3nimas de 1989 (cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564\/1989, de 22 de diciembre), a cuya regulaci\u00f3n se remit\u00edan algunos de los preceptos de aquella. Esta normativa, aplicable al caso, es la que pas\u00f3 a la originaria redacci\u00f3n del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2010, de 2 de julio. Por tanto, las referencias normativas realizadas en la sentencia analizada son a dicha redacci\u00f3n originaria del TRLSC, antes de que fuera modificada por la Ley 31\/2014, de 3 de diciembre.<\/p>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n con el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, el Tribunal Supremo declar\u00f3 que, para poder analizar la procedencia de la acci\u00f3n ejercitada, y, en concreto, si hab\u00eda existido un incumplimiento relevante (a efectos indemnizatorios) del deber de lealtad, el tribunal debi\u00f3 haber examinado si, en relaci\u00f3n con las conductas que se imputaban a los administradores, hab\u00eda existido conflicto de intereses. Lo que, censurablemente, omiti\u00f3 la sentencia recurrida.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, en relaci\u00f3n con Roque, que fue administrador \u00fanico desde el 31 de diciembre de 2002 hasta el 14 de septiembre de 2010, ha de partirse de que la Sociedad concert\u00f3 sendos contratos de prestaciones de servicios con cuatro sociedades vinculadas al referido administrador. Por lo cual, el Tribunal Supremo consider\u00f3 incumplida la obligaci\u00f3n de comunicar a la junta general la existencia de un conflicto de intereses con estas sociedades vinculadas, cuando se perfeccionaron los rese\u00f1ados cuatro contratos. Y, en principio, salvo autorizaci\u00f3n de la junta general, debi\u00f3 haberse producido la pertinente abstenci\u00f3n en relaci\u00f3n con la celebraci\u00f3n de esos acuerdos. Por lo dem\u00e1s, seg\u00fan el Alto Tribunal, la comunicaci\u00f3n del conflicto de intereses ha de ser expresa y, en un caso como el analizado, no hacerlo el administrador \u00fanico a la junta de socios ya constituye <em>per se<\/em> un incumplimiento del deber de lealtad.<\/p>\n\n\n\n<p>En la estructura de la acci\u00f3n social de responsabilidad, el incumplimiento del deber de lealtad tiene que haber ocasionado un perjuicio a la propia sociedad, que es el que se pretende indemnizar.<\/p>\n\n\n\n<p>El propio Tribunal Supremo no dej\u00f3 de reconocer que era muy dif\u00edcil determinar hasta qu\u00e9 punto los contratos concertados con las sociedades vinculadas respond\u00edan a una necesidad efectiva de prestaci\u00f3n de servicios y en qu\u00e9 medida se prestaron y pagaron, sin que llegaran a solaparse entre s\u00ed prestaciones contratadas, y a su vez estas prestaciones se solaparan con la funci\u00f3n del administrador de la compa\u00f1\u00eda, que desde 2006 era retribuida.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero las circunstancias concurrentes en el presente caso, seg\u00fan el Alto Tribunal, mostraban razones para apreciar estimativamente que la referida actuaci\u00f3n del administrador, que se enmarcaba en el incumplimiento de un deber diligencia grave, redund\u00f3 en perjuicio para la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Pues bien, en relaci\u00f3n con uno de esos cuatro contratos, se termin\u00f3 constatando, en el marco del conflicto de intereses existente en el seno de la Sociedad, que desprend\u00eda un <em>fumus <\/em>negativo de innecesariedad y de ser un medio para desviar beneficios de la explotaci\u00f3n de los apartamentos titularidad de la Sociedad a favor de sociedades vinculadas al administrador, por lo que la infracci\u00f3n del deber de lealtad fue finalmente apreciada en ese concreto supuesto.<\/p>\n\n\n\n<p>El aludido <em>fumus <\/em>negativo de que el administrador de la Sociedad antepuso su propio inter\u00e9s, a trav\u00e9s de sociedades vinculadas, a los de la Sociedad que administraba se alimentaba con el que se desprend\u00eda del contexto de los litigios en los que se hab\u00eda visto envuelta la Sociedad (en concreto, cuatro procedimientos en los que se estimaron las demandas del socio minoritario que impugnaban acuerdos de ampliaci\u00f3n de capital por compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos enarbolados por el socio mayoritario, que era una sociedad vinculada al administrador; y, adem\u00e1s, la sentencia firme aportada en casaci\u00f3n, al amparo del art. 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que estim\u00f3 la impugnaci\u00f3n de los acuerdos sociales adoptados en la junta de socios de aprobaci\u00f3n de las cuentas del ejercicio 2014, aprobaci\u00f3n del balance final de liquidaci\u00f3n y del informe para la determinaci\u00f3n de la cuota de liquidaci\u00f3n y su reparto entre los socios, y de la aprobaci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n del liquidador desde la fecha de la junta hasta la cancelaci\u00f3n registral de la Sociedad).<\/p>\n\n\n\n<p>A la vista de lo expuesto, el Tribunal Supremo concluy\u00f3 que es perfectamente l\u00f3gico que el administrador que actu\u00f3 en representaci\u00f3n de la Sociedad para defender unos intereses propios y no tanto de la Sociedad, deba responder tambi\u00e9n por el coste econ\u00f3mico que esas maniobras generaron para la Sociedad, m\u00e1xime cuando quien tuvo que accionar contra la Sociedad fue el socio minoritario y esas acciones fueron estimadas judicialmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, en lo concerniente a la ca\u00edda dr\u00e1stica de facturaci\u00f3n de la Sociedad, en el periodo comprendido entre 2008 y 2010, el Tribunal Supremo entendi\u00f3 que la responsabilidad del administrador, en el marco del deber de diligencia, afloraba porque encarg\u00f3 la gesti\u00f3n de la ocupaci\u00f3n de los apartamentos de la Sociedad a una mercantil competidora, vinculada al propio administrador, con el resultado de que, sin haber variado significativamente la ocupaci\u00f3n de los apartamentos en Salou durante esos a\u00f1os, y habi\u00e9ndose incrementado la facturaci\u00f3n de esas sociedades vinculadas, la bajada de facturaci\u00f3n de la Sociedad fue, en cambio, muy acusada.<\/p>\n\n\n\n<p>La cuantificaci\u00f3n del referido perjuicio necesariamente deb\u00eda hacerse de forma estimativa y gradual, conforme al tiempo transcurrido desde la terminaci\u00f3n del contrato con el <em>tour operador<\/em> irland\u00e9s (que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2007). Al respecto, el Tribunal Supremo concluy\u00f3 que, a efectos del c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n, esta hab\u00eda de determinarse con arreglo a la diferencia entre lo que factur\u00f3 la Sociedad cada uno de esos a\u00f1os (2008, 2009 y 2010) y lo que de forma estimativa habr\u00eda sido l\u00f3gico que hubiera podido facturar de haber actuado el administrador guiado con el celo propio del deber de lealtad.<\/p>\n\n\n\n<p>La estimaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n determin\u00f3, en definitiva, la correlativa estimaci\u00f3n en parte de la acci\u00f3n social de responsabilidad por infracci\u00f3n del deber de lealtad interpuesta por el socio minoritario, por lo que fueron condenados a indemnizar a la Sociedad: (i) Roque (que, como se ha indicado, fue su administrador \u00fanico entre el 31 de diciembre de 2002 y el 14 de septiembre de 2010), en la suma de 304.204 euros, correspondiente al importe de lo abonado a una determinada sociedad vinculada (el 4 por 100 de la facturaci\u00f3n de la Sociedad) por los supuestos servicios prestados durante los a\u00f1os 2005, 2006 y 2007, incluida una determinada partida con efectos retroactivos a 2004; (ii) igualmente Roque, en la suma correspondiente a los gastos judiciales ocasionados a la Sociedad en la cantidad de 46.563,91 euros; (iii) tambi\u00e9n Roque, por el lucro cesante padecido por la Sociedad (p\u00e9rdida de facturaci\u00f3n durante los a\u00f1os 2008, 2009 y 2010), en la suma de 912.027 euros; y, (iv) por \u00faltimo, la mercantil que le sucedi\u00f3 en la administraci\u00f3n de la Sociedad, por el mismo concepto de lucro cesante (p\u00e9rdida de facturaci\u00f3n durante la parte proporcional del a\u00f1o 2010 en que ejerci\u00f3 cargo), en la suma de 119.484 euros. Todas las referidas cantidades, adem\u00e1s, con el devengo del inter\u00e9s legal del dinero desde la reclamaci\u00f3n judicial, conforme al art\u00edculo 1.108 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1\u00aa, de 20 de marzo de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:1169), versa sobre un complejo supuesto de ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad por infracci\u00f3n del deber de lealtad, explicitado de un modo un tanto confuso, que result\u00f3 finalmente estimada. 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