{"id":16852,"date":"2026-06-18T10:15:31","date_gmt":"2026-06-18T08:15:31","guid":{"rendered":"https:\/\/zurbaran.net\/?p=16852"},"modified":"2026-06-18T10:15:33","modified_gmt":"2026-06-18T08:15:33","slug":"aplazamiento-del-pago-del-precio-de-las-acciones-propias-y-asistencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zurbaran.net\/en\/aplazamiento-del-pago-del-precio-de-las-acciones-propias-y-asistencia-financiera\/","title":{"rendered":"Aplazamiento del pago del precio de las acciones propias y asistencia financiera"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1\u00aa, n\u00fam. 673\/2026, de 5 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:1981), realiza interesantes consideraciones sobre las consecuencias jur\u00eddicas de la infracci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de asistencia financiera para adquirir las acciones propias que una sociedad an\u00f3nima ten\u00eda en autocartera.<\/p>\n\n\n\n<p>Interesa poner de relieve, para contextualizar la controversia, que cierta sociedad an\u00f3nima aseguradora (sociedad A) adquiri\u00f3, mediante sucesivas compraventas a accionistas minoritarios, el 31,39% del capital social de otra sociedad an\u00f3nima aseguradora (sociedad B) que era, adem\u00e1s, competidora, pues ambas comercializaban seguros de decesos. Posteriormente, se celebr\u00f3 una junta general de la sociedad B, en la que se aprob\u00f3, por mayor\u00eda, ofrecer a todos los accionistas la adquisici\u00f3n de las acciones que aquella ten\u00eda en autocartera a un precio de 5 euros la acci\u00f3n, precio que habr\u00eda de ser pagado en dos tramos: la mitad, a la formalizaci\u00f3n de la compra de las acciones por los accionistas, y, la otra mitad, en el plazo de un a\u00f1o desde la formalizaci\u00f3n de la compraventa. Igualmente conviene poner de manifiesto que hubo algunos accionistas que en dicha junta general hicieron una propuesta alternativa de compra, ofertando adquirir las acciones en autocartera por un precio de 14 euros por acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La sociedad A demand\u00f3 a la sociedad B e impugn\u00f3 el referido acuerdo, por dos motivos. De un lado, porque infring\u00eda la prohibici\u00f3n de asistencia financiera (art. 150 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-), al prever el aplazamiento de parte del precio sin exigir garant\u00eda alguna adicional ni pago de intereses a los accionistas. Y, de otro, porque era contrario al inter\u00e9s social y se hab\u00eda adoptado en beneficio de los accionistas que controlaban la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentencia de primera instancia estim\u00f3 la demanda, pues consider\u00f3 que el acuerdo impugnado era contrario al inter\u00e9s social. Adem\u00e1s, neg\u00f3 que infringiera la prohibici\u00f3n de asistencia financiera por tres motivos: (i) porque la oferta de compra se dirigi\u00f3 a todos los accionistas; (ii) porque los accionistas de la sociedad no pod\u00edan considerarse \u201cterceros\u201d a los efectos del art. 150 LSC; y (iii) porque el aplazamiento del precio no era ninguna de las operaciones contempladas en dicho precepto como \u201casistencia financiera\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La sociedad demandada B recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, solicitando la desestimaci\u00f3n de la demanda. Y la demandante se opuso al recurso y, a su vez, impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia, al entender que hab\u00eda resuelto incorrectamente la alegaci\u00f3n atinente a la asistencia financiera. La Audiencia Provincial estim\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y desestim\u00f3 la demanda, pues interpret\u00f3 que el acuerdo impugnado ni era contrario al inter\u00e9s social ni infring\u00eda la prohibici\u00f3n de asistencia financiera <em>ex <\/em>art. 150 LSC.<\/p>\n\n\n\n<p>Contra esta \u00faltima resoluci\u00f3n la demandante interpuso un recurso de casaci\u00f3n, articulado en dos motivos, que se refer\u00edan exclusivamente a la infracci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de asistencia financiera del art. 150 LSC. El primero denunci\u00f3 que la infracci\u00f3n se habr\u00eda cometido al considerar que no exist\u00eda asistencia financiera en el acuerdo de autorizaci\u00f3n de venta de autocartera con aplazamiento del 50% del precio a pagar por los accionistas sin aportar garant\u00eda ni abonar intereses. Y el segundo que la infracci\u00f3n consisti\u00f3 en considerar que la asistencia financiera prohibida en el precepto citado solo era aplicable a los terceros y no a los accionistas.<\/p>\n\n\n\n<p>Por la conexi\u00f3n que exist\u00eda entre ambos motivos la Sala los resolvi\u00f3 de forma conjunta.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo empez\u00f3 se\u00f1alando que la finalidad de la prohibici\u00f3n de asistencia financiera -as\u00ed, la STS, n\u00fam. 472\/2020, de 20 de julio- es evitar el riesgo de que la adquisici\u00f3n de las acciones se financie con cargo al patrimonio de la sociedad que las tiene en autocartera, pues aplicar el patrimonio a este fin constituye un uso an\u00f3malo del mismo (a lo que la doctrina a\u00f1ade que, adem\u00e1s, la norma trata de evitar las manipulaciones de las estructuras de poder en el seno de la sociedad que pueden realizar los administradores mediante la facilitaci\u00f3n de la compra de las acciones por personas afines).<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, nuestro Altro Tribunal precis\u00f3 el \u00e1mbito material de la norma, indicando que comprende tres operaciones concretas (\u201canticipar fondos\u201d, \u201cconceder pr\u00e9stamos\u201d y \u201cprestar garant\u00edas\u201d) y una categor\u00eda gen\u00e9rica (\u201cfacilitar alg\u00fan tipo de asistencia financiera para la adquisici\u00f3n\u201d) a modo de cl\u00e1usula de cierre, lo que supone sancionar un criterio de <em>numerus apertus <\/em>en esta materia, de forma que debe entenderse que concurre la asistencia financiera prohibida por el art. 150 LSC cuando la sociedad asuma alguna obligaci\u00f3n, prestaci\u00f3n o carga econ\u00f3mica (y cita las SSTS, 1\u00aa, n\u00fam. 413\/2012, de 2 de julio, y n\u00fam. 541\/2018, de 1 de octubre).<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre estas consideraciones la Sala concluy\u00f3 que en el caso analizado la operaci\u00f3n presentaba las caracter\u00edsticas propias de una operaci\u00f3n de asistencia financiera, porque: (i) la sociedad concedi\u00f3 cr\u00e9dito a sus socios al aplazarles el pago del precio, sin exigir garant\u00edas y sin devengar intereses; (ii) se trat\u00f3 de una de las operaciones que cab\u00eda subsumir en la cl\u00e1usula de cierre; y (iii) los accionistas eran terceros respecto de la sociedad, categor\u00eda en la que hay que incluir a toda persona distinta de la sociedad (as\u00ed, la STS, n\u00fam. 582\/2023, de 20 de abril).<\/p>\n\n\n\n<p>Pero el Tribunal Supremo sostuvo que tales consideraciones no implicaban que el recurso de casaci\u00f3n debiera ser estimado.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, citando la STS, n\u00fam. 190\/2025, de 6 de febrero, el Alto Tribunal record\u00f3 que la sanci\u00f3n de nulidad del negocio en que consista la asistencia financiera (que no est\u00e1 prevista en el art. 150 LSC, sino que se infiere del art. 6.3 CC) no es apropiada para todos los supuestos de asistencia financiera, como suced\u00eda en el presente caso, por las siguientes razones:<\/p>\n\n\n\n<p>1\u00aa) El acuerdo adoptado tuvo una finalidad leg\u00edtima: preservar la estructura del accionariado de la sociedad aseguradora e impedir la toma de control por parte de una competidora.<\/p>\n\n\n\n<p>2\u00aa) Las condiciones del cr\u00e9dito no eran especialmente gravosas para la sociedad asistente, pues el cr\u00e9dito consisti\u00f3 en el aplazamiento de la mitad del precio por solo un a\u00f1o y se sustituy\u00f3 la tenencia de las acciones por el pago en efectivo de la mitad de su valor y el ingreso en el patrimonio de cr\u00e9ditos por importe de la otra mitad de su valor.<\/p>\n\n\n\n<p>3\u00aa) El acuerdo constitutivo de la asistencia financiera permiti\u00f3 poner fin a la situaci\u00f3n de autocartera, debi\u00e9ndose tener muy en consideraci\u00f3n que nuestro Ordenamiento jur\u00eddico ve con desconfianza la referida situaci\u00f3n, por las consecuencias negativas que tiene respecto de la funci\u00f3n de garant\u00eda del capital social y la efectiva correspondencia entre este y el patrimonio social, as\u00ed como respecto de la solvencia y la capacidad econ\u00f3mica de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>4\u00aa) El acuerdo permiti\u00f3 poner fin a esa situaci\u00f3n de autocartera en t\u00e9rminos equitativos, porque las sentencias de instancia consideraron que el precio era razonable y, adem\u00e1s, se respet\u00f3 el principio de igualdad de trato, manteniendo la estructura accionarial existente e impidiendo la toma de control por un competidor.<\/p>\n\n\n\n<p>5\u00aa) La propia naturaleza de la sociedad, una aseguradora, supon\u00eda la existencia de un estricto control administrativo de su suficiencia patrimonial y de su solvencia, sin que constase que la autoridad administrativa hubiera objetado la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En consecuencia, se desestim\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1\u00aa, n\u00fam. 673\/2026, de 5 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:1981), realiza interesantes consideraciones sobre las consecuencias jur\u00eddicas de la infracci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de asistencia financiera para adquirir las acciones propias que una sociedad an\u00f3nima ten\u00eda en autocartera. 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