La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, núm. 1557/2026, de 5 de octubre (ECLI:ES:TS:2026:4013), es interesante porque, al analizar los requisitos que han de concurrir para la exoneración de los créditos públicos, realiza una interpretación correctora del art. 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) que, reiterando la reciente doctrina jurisprudencial existente al respecto, se aparta del criterio mantenido por las resoluciones dictadas en primera y segunda instancias.

En el supuesto enjuiciado se declaró el concurso conjunto de dos deudores personas físicas en el que, tras su tramitación como concurso sin masa, uno de los acreedores, mediante la interposición de la correspondiente demanda de incidente concursal, se opuso a la exoneración de los créditos públicos existentes en el pasivo insatisfecho, al entender que estaban excluidos de tal exoneración conforme a lo dispuesto en elart. 489.1.5º TRLC.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda y denegó la exoneración de los créditos del acreedor público demandante, al considerar que se trataba de créditos de Derecho público para los que no operaba límite cuantitativo alguno, ya que el acreedor ni era la Tesorería General de la Seguridad Social ni la gestión recaudatoria correspondía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. Contra esta última resolución los deudores concursados presentaron recurso de casación articulado en dos motivos, que se analizaron conjuntamente por estar estrechamente vinculados. El primero denunciaba la infracción de los arts. 14 y 24 de la Constitución Española, en relación con el art. 489.1.5º TRLC, al entender que esta norma contradecía el art. 23.2 de la Directiva (UE) 2019/2023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio (sobre reestructuraciones e insolvencias). Y el segundo denunciaba la infracción del art. 489.1.5º TRLC, pues según la literalidad de este precepto quedarían fuera de la limitación los créditos de una entidad pública autonómica cuya recaudación se llevara a cabo por su propio servicio recaudatorio.

Comenzó el Tribunal Supremo recordando que la cuestión ya había sido analizada en las SSTS, 1ª, núm. 260/2026 y núm. 264/2026, ambas de 18 de febrero, y, dado que no apreciaba razones para cambiar la interpretación de la norma concernida, procedió a ratificar la jurisprudencia contenida en tales resoluciones en el sentido siguiente:

• La exclusión de la exoneración de los créditos concursales públicos ordinarios y privilegiados responde a una razón justificada en nuestro Ordenamiento jurídico, razón que no concurre para los créditos públicos subordinados que merecen una desconsideración y han de ser postergados.

• La exclusión de la exoneración de los créditos concursales públicos indicados es parcial y para toda clase de créditos públicos (salvo los subordinados) al margen de a quién se encomiende su recaudación. Esto es: respecto de cada uno de ellos se aplica una exoneración íntegra para los primeros 5.000 euros, y a partir de esa cifra la exoneración alcanzará el 50% hasta el límite máximo de 10.000 euros.

A continuación, nuestro Alto Tribunal consideró que la sentencia recurrida no respetaba la interpretación jurisprudencial del art. 489.1.5º TRLC, por lo que procedió a la exoneración de los créditos públicos frente a los dos deudores demandados con las limitaciones indicadas y sin aplicar la excepción de la exoneración a los créditos subordinados.  

En consecuencia, se estimó el recurso de casación.

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Los próximos 5 y 6 de noviembre tendrá lugar el “IX Congreso Nacional. Prevención y Seguros en las Empresas”, organizado por SEAIDA, en la sede de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

El evento, concebido como un espacio de encuentro profesional y académico, reunirá a profesionales y expertos del derecho y el seguro en torno a las cuestiones más relevantes para la prevención y aseguramiento de los riesgos de las empresas, y las soluciones de prevención, seguro y reaseguro ante los nuevos escenarios económicos, tecnológicos, climáticos y regulatorios.

El día 6 de noviembre participará como ponente Pablo Martínez-Gijón Machuca, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla y Of Counsel de Zurbarán Abogados, en la mesa “Prevención de riesgos y seguros empresariales laborales. La salud y la previsión complementaria en las empresas”, donde se expondrán las novedades actuales y jurisprudenciales sobre la prevención de riesgos laborales-empresariales.

Visita la web de SEAIDA para ampliar información

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Los próximos 4 y 5 de noviembre tendrá lugar el “II Congreso internacional de responsabilidad civil. Experiencias comparadas”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el Grupo de Investigación De Conflictu Legum, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho USC.

El encuentro reunirá a magistrados, catedráticos, abogados, entre otros juristas, para analizar cuestiones actuales de la disciplina: el valor de las indemnizaciones a nivel global y el rol del daño moral en la tutela de los derechos de la personalidad,  la responsabilidad civil aplicada al derecho de familia, la inteligencia artificial y el derecho digital, la responsabilidad civil y penal ante la violencia contra las mujeres, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado y la relación de la responsabilidad civil con el sector de los seguros.

En la jornada del día 5 de noviembre participará Rafael La Casa García, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla y Of Counsel de Zurbarán Abogados, en el panel dedicado a Responsabilidad civil y seguro”.

Visita la web de “De Conflictu Legum” para ampliar información

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Las Resoluciones de 3 y 10 de junio de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE núms. 255 y 254, de 14 y 13 de octubre, respectivamente), son idénticas y versan sobre la controvertida cuestión de la validez de las cláusulas estatutarias mediante las que se establece la prestación accesoria consistente en el cumplimiento de un pacto parasocial.

En los dos asuntos debatidos, el registrador resolvió no practicar la inscripción de un determinado artículo de los estatutos de sendas sociedades de responsabilidad limitada según el cual a todos los socios se les imponía la prestación accesoria no retribuida consistente en suscribir y cumplir el pacto de socios que constaba en la escritura pública que se reseñaba y cuyo incumplimiento, voluntario o involuntario, permitiría a la sociedad la exclusión del socio incumplidor conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. En ambos casos, los correspondientes acuerdos habían sido aprobados por unanimidad de todos los socios el mismo día de la celebración de la respectiva junta general que acordó la modificación estatutaria en cuestión.

El registrador, no obstante reconocer que una cuestión análoga ya había sido analizada por las Resoluciones de la Dirección General de 26 de junio de 2018 y 11 de octubre y 29 de noviembre de 2024, calificó negativamente y fundamentó esencialmente su negativa a la inscripción en que se trataba de unas prestaciones accesorias cuyo contenido concreto y determinado no constaba en el propio artículo estatutario, sino por remisión al contenido del pacto de socios que figuraba en escritura notarial debidamente identificada, pero no inscrita ni depositada.

Empero, la Dirección General estimó el recurso formulado sobre el referido extremo y revocó las calificaciones del registrador sobre la base de que en los supuestos controvertidos la obligación en que consistía la prestación accesoria estaba perfectamente identificada mediante su formalización en la escritura pública que se reseñaba, de suerte que su íntegro contenido estaba determinado extraestatutariamente de manera perfectamente cognoscible no solo por los socios actuales que lo habían aprobado unánimemente, sino también por los futuros socios que, al adquirir las participaciones sociales, quedarían obligados por la prestación accesoria cuyo contenido era estatutariamente determinable –ex artículo 1273 del Código Civil– en la forma prevista.

No podía constituir obstáculo a esta conclusión el hecho de que no se publicase el contenido de la prestación accesoria mediante la forma prevista por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares.

Se señaló igualmente que el referido criterio había sido confirmado por el artículo 11.2 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, según el cual: «Los pactos de socios en las empresas emergentes en forma de sociedad limitada serán inscribibles y gozarán de publicidad registral si no contienen cláusulas contrarias a la ley. Igualmente, serán inscribibles las cláusulas estatutarias que incluyan una prestación accesoria de suscribir las disposiciones de los pactos de socios en las empresas emergentes, siempre que el contenido del pacto esté identificado de forma que lo puedan conocer no solo los socios que lo hayan suscrito sino también los futuros socios».

Por último, la resolución sostuvo que las anteriores consideraciones no quedaban desvirtuadas por la sentencia núm. 64/2025, de 28 de julio, del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla (citada por el registrador en su calificación), que interpretó la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre los pactos parasociales (que separa claramente el aspecto obligacional de los pactos parasociales y el Derecho de sociedades) en el sentido de que impedía considerar como prestaciones accesorias (tal y como están reguladas en la Ley de Sociedades de Capital -LSC-) aquellas obligaciones que no figuran en los estatutos sociales con expresión de su contenido concreto y determinado.

Al respecto, la Dirección General consideró que era erróneo entender que el art. 86 LSC exigía que, cuando la prestación accesoria consistiera en el cumplimento de un contrato identificado en los estatutos, en estos debieran también constar todos los términos de las obligaciones asumidas por el socio.

Por lo expuesto, la Dirección General acordó estimar el recurso.

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La STS, 1ª, núm. 1469/2026, de 22 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3789), contiene una serie de interesantes consideraciones sobre la protección dispensada al llamado tercero hipotecario, en plena sintonía con la doctrina jurisprudencial sentada al respecto, que cuenta entre sus más sobresalientes manifestaciones con la relativamente reciente STS, 1ª, núm. 333/2025, de 5 de marzo, también reseñada en su momento en este espacio, en aquella ocasión en relación con el carácter no convalidante de la inscripción.

El supuesto enjuiciado por la STS, 1ª, núm. 1469/2026 resultaba en verdad complejo, pues esencialmente había de dilucidarse si la constitución de una determinada hipoteca de máximo en garantía de una línea de crédito mediante escritura pública, otorgada en 2007, integraba un supuesto de asistencia financiera prohibida en virtud de lo dispuesto por el art. 81 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actual art. 150 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). En su contestación, la mercantil demandada alegó su condición de tercero protegido por la buena fe conforme al art. 34 de la Ley Hipotecaria, aprobada por el Decreto de 8 de febrero de 1946 (“LH”).

El Juzgado de lo Mercantil competente desestimó la demanda. Interpuesto el correspondiente recurso de apelación, la Audiencia dictó sentencia confirmatoria de la pronunciada por aquel Juzgado, en la que declaró que el cesionario del crédito merecía la protección del art. 34 LH. Contra dicha sentencia la entidad demandante interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y casación, que fueron desestimados. Nuestra atención se centrará seguidamente en el último de los recursos apuntados, que se articuló sobre dos motivos.

En el desarrollo del primero, se argumentó que la sociedad demandada no podía ser reputada como tercero hipotecario, al haberse subrogado, mediante escritura pública de 2013, por vía de novación subjetiva (art. 1203 del Código Civil, “CC”), en la posición del acreditante originario. En definitiva, se sostenía que la transmisión del crédito constituyó una novación modificativa de la relación obligatoria original, en la que esta subsistía y únicamente cambió la persona del acreedor, manteniéndose sin modificación el resto de los elementos de la relación; o, dicho de otra manera, que se trataba de una novación subjetiva por cambio de acreedor prevista en el art. 1203.3º CC, lo que comprendía la hipoteca en su condición de derecho accesorio, tal y como establece el art. 1528 CC.

En relación con el examen de las circunstancias concurrentes, el Tribunal Supremo comenzó recordando que, como regla general, el art. 1112 CC establece que “todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con arreglo a las leyes si no se hubiere pactado lo contrario”; por su parte, el art. 1528 CC norma que “la venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como fianza, hipoteca, prenda o privilegio”, y el art. 1878 CC establece que “el crédito hipotecario podrá ser cedido o enajenado a un tercero, en todo o en parte, con las formalidades exigidas por la Ley”.

En concordancia con lo expuesto, el art. 149 LH señala lo siguiente: “El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de conformidad con lo dispuesto en el art 1526 del CC. La cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un préstamo o crédito deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo estuviere por el suyo. El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente”.

La entidad recurrida, que no intervino en el contrato original de concesión de crédito y que gozaba de la presunción iuris tantum del art. 38 LH, adquirió a título oneroso y de buena fe dicho crédito con la correspondiente garantía hipotecaria por medio de escritura pública de 2013, que tuvo su acceso al Registro, sin que nada se hubiese publicado en este que hubiese permitido a la adquirente demandada tener constancia de la posible existencia de alguna causa que fuere susceptible de determinar la anulación o la resolución del derecho que, según el mismo Registro, pertenecía la sociedad cedente. Por consiguiente, no se le podía negar la protección del art. 34 LH, cuando no se estaba ante el ejercicio de ninguna excepción planteada por la deudora del crédito cedido, sino que la acción fue ejercitada por los acreedores de una de las sociedades que integraron en su día el capital de la sociedad deudora, que fue objeto además de ulteriores adquisiciones por otras sociedades mercantiles, sin que se vulnerase en este caso lo dispuesto en el art. 149 LH.

El segundo motivo de casación consideraba infringido el art. 33 LH, en cuanto que dispone que “la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes”, en relación con el art. 34 LH, porque la declaración de la sentencia de la Audiencia de que la condición de tercero hipotecario protegía a la sociedad cesionaria, frente a la nulidad de pleno derecho que afectaba a la hipoteca a causa de la asistencia financiera, suponía en la práctica, según la recurrente, aplicar el art. 34 LH para crear un derecho real que no existía (la propia hipoteca), lo cual nada tenía que ver supuestamente con el verdadero objeto y finalidad de dicho precepto.

Sin embargo, según el Alto Tribunal, conforme al art. 33 LH, para que opere el art. 34 LH y, por lo tanto, entre en juego la protección jurídica que dispensa, es preciso que el negocio jurídico de adquisición derivativa del tercero sea válido; puesto que la inscripción no tiene las virtudes mágicas o milagrosas de convertir lo nulo en válido o eficaz, sanando sus defectos que, desde luego, no quedan convalidados por la buena fe del adquirente. O, dicho de otra manera, la inscripción registral por el demandado no hacía el negocio concertado de mejor o peor condición que la ostentada antes de su acceso al Registro mediante su oportuna inscripción.

Pues bien, en el caso enjuiciado, el acto adquisitivo del tercero, es decir, de la sociedad demandada, mediante escritura pública de 26 de julio de 2013, no adolecía de ningún defecto que lo invalidase, sino que respondió a una adquisición a título oneroso de un crédito con garantía hipotecaria de quien era titular registral y que, conforme al Registro, gozaba de facultades para transmitirlo.

Tampoco era cierto que las fincas hipotecadas no existieran extrarregistralmente.

En contra de lo que consideraba la entidad recurrente, el art. 34 LH protege frente a la nulidad del acto adquisitivo anterior, no del propio; pero en el caso enjuiciado, el de adquisición derivativa de su derecho por la recurrida no adolecía de defecto que lo hiciera ineficaz, ni tan siquiera que se hubiera directamente cuestionado.

Por consiguiente, operaba la protección dispensada por el art. 34 LH, lo que determinó la desestimación también de este motivo del recurso de casación fundado en la pretendida infracción del art. 33 LH.

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El próximo 26 de octubre tendrá lugar la jornada organizada por FEAPEN ASOCIACIÓN ESTATAL DE EMPLEADOS DE NOTARIAS, en la que participará como ponente Rafael La Casa García, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla y Of Counsel de Zurbarán Abogados.

La jornada formativa estará centrada en la actualización práctica del Derecho de Sociedades, y está dirigida a empleados de notaría y otros profesionales del ámbito jurídico. El encuentro tendrá lugar el próximo 26 de octubre de 2026 en la sede de Sevilla del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía (c/San Miguel, 1).

Visita la web de FEAPEN para ampliar información

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, núm. 1439/2026, de 17 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3746), es interesante porque, al analizar los requisitos que han de concurrir para que el administrador de una sociedad de capital sea declarado responsable solidario, junto con la sociedad, de las deudas sociales ex artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC), se detiene exhaustivamente en la relevante cuestión de la determinación del momento en que puede presumirse la existencia de la causa de disolución de la sociedad.

En el supuesto enjuiciado una determinada sociedad demandó al administrador único de una sociedad limitada, acumulando las acciones contempladas en los arts. 241 y 367 LSC, reclamándole la cuantía de 21.240 euros correspondiente a varios pagarés, emitidos entre septiembre y diciembre de 2019, que resultaron impagados a su vencimiento. Para fijar los términos de la controversia, eran fechas relevantes: (i) a 31 de diciembre de 2018 la sociedad administrada por el demandado tenía unos fondos propios positivos de 169.271,97 euros; (ii) a 31 de diciembre de 2019 dichos fondos propios eran de -3.679 euros; (iii) el 10 de julio de 2020 dicha sociedad presentó la comunicación prevista en el entonces vigente art. 5 bis de la Ley Concursal de 2003 (LC) ; y (iv) el 4 de octubre de 2021 se declaró el concurso de acreedores y en la misma resolución se acordó su conclusión porque la sociedad concursada carecía de masa activa.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar, por un lado, que no concurrían los requisitos del art. 241 LSC y, por otro, que la causa de disolución no se había hecho evidente hasta la formulación de las cuentas anuales de 2019, en agosto de 2020, por lo que el administrador demandado cumplió con el deber de realizar la comunicación del citado art. 5 bis LC, pues concurrían simultáneamente la causa de disolución y la insolvencia de la sociedad.

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la demandante, puesto que consideró que, aunque la causa de disolución concurría al cierre del ejercicio 2019 y la deuda social era anterior a ese momento por unos meses, procedía aplicar la presunción del art. 367.2 LSC, ya que el administrador demandado no había aportado medio de prueba alguno que permitiera concluir que la sociedad no se encontraba incursa en causa de disolución por pérdidas cualificadas durante todo el ejercicio 2019. Además, puntualizó que, si concurría insolvencia además de causa de disolución, debía instarse el concurso, pero ello no implicaba que las reglas del art. 367 LSC fueren abolidas o sustituidas por las propias de la responsabilidad concursal.

Contra esta última resolución el administrador demandado interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal (fundado en dos motivos que, finalmente, no fueron analizados al invertirse el orden de los recursos y carecer de efecto útil) y un recurso de casación, basado este último en dos motivos, íntimamente relacionados, que se resolvieron conjuntamente. En concreto, por infracción de los arts. 367, 361 y 363.1 e) LSC y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que sostiene que, cuando el daño deriva de la situación de insolvencia de la compañía, el cauce natural para examinar la responsabilidad del administrador es la sección de calificación del concurso.

Comenzó el Tribunal Supremo, invocando la jurisprudencia contenida en las SSTS, 1ª, núm. 601/2019, de 8 de noviembre, núm. 586/2023, de 21 de abril, y núm. 3/2026, de 8 de enero, y puntualizando que, como el ámbito objetivo de la responsabilidad solidaria de los administradores abarca solo las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, la prueba de que la deuda social es anterior recae en el administrador demandado y la prueba de la concurrencia de la causa de disolución y desde cuándo concurre recae en el  acreedor demandante.

En el  caso examinado las obligaciones sociales nacieron en la fecha de emisión de los pagarés, entre septiembre y diciembre de 2019, mientras que el deber de disolución de la sociedad comenzó cuando los administradores conocieron o pudieron conocer, con un mínimo de diligencia, la situación de desequilibrio patrimonial de la sociedad (así, SSTS, 1ª, núm. 195/2006, de 9 de marzo, y núm. 14/2010, de 12 de febrero), máxime, como indicó la Sala, cuando con los actuales sistemas de información la situación contable puede ser conocida por los administradores en cualquier momento.

Al nacer las primeras obligaciones sociales en septiembre de 2019 (primeros pagarés impagados), la causa de disolución tuvo que haberse manifestado en el balance de comprobación cerrado a 30 de junio de 2019, que era el inmediatamente anterior a septiembre de 2019, lo cual era poco lógico e improbable teniendo en cuenta las cifras del patrimonio neto al comienzo (169.271,97 euros) y al final (-3.679, euros) del ejercicio 2019. Consiguientemente, el Alto Tribunal concluyó que en este caso no se podía presumir que la causa de disolución fuera anterior al momento en que nacieron las deudas sociales y el administrador único demandado no respondía de esas deudas.

En consecuencia, se estimó el recurso de casación interpuesto por el referido administrador único.

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Ayer 8 de octubre tuvo lugar en Madrid el III Congreso del Club Español de la Litigación de los Negocios, bajo el título “El Coste de la Justicia”.
 
El Club Español de la Litigación de los Negocios, foro de referencia en el ámbito de la litigación de los negocios, contó en el Congreso con ponentes de gran prestigio, y centró la temática en las políticas públicas en relación con el coste de la justicia, el modelo de costas procesales, la financiación de litigios, así como la problemática que rodea las costas y los honorarios de abogados.

Asistieron al Congreso nuestros compañeros, Ricardo Astorga Morano, Socio Director de Zurbarán Abogados, José Manuel García-Quílez Gómez, Socio responsable del Departamento de Litigación y Pablo Gutiérrez- Alviz Velasco, Director del Departamento de Litigación.
 
¡En Zurbarán Abogados estamos orgullosos de ser patrocinadores de tan relevante evento!

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La STS, 1ª, núm. 1477/2026, de 22 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3838), aborda el recurrente problema de la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales (ex art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital, “LSC”), en esta ocasión poniendo especialmente de manifiesto la irrelevancia de la fecha en que los administradores hubiesen tenido conocimiento de la obligación social, habiendo concurrido una causa legal de disolución, al efecto de la exigencia de la referida responsabilidad.

En este sentido, una determinada persona física interpuso una demanda contra cierta sociedad mercantil y contra sus administradores, a fin de que se les condenase solidariamente al pago de 42.000 euros.

Respecto de la sociedad, la demanda se basaba en que aquella había cobrado de manera indebida la mencionada cantidad en el marco de la compraventa de un local comercial en la que se había pactado que el sujeto pasivo del IVA sería la adquirente (y posterior demandante), a pesar de lo cual (de modo contradictorio con lo acordado) esta entregó a la mercantil vendedora la antedicha suma de 42.000 euros en concepto de IVA. Dicho importe no fue devuelto a la compradora ni ingresado en la Hacienda Pública, razón por la cual la compradora solicitó que la sociedad vendedora fuera condenada a restituirle la referida cantidad con base en el artículo 1895 del Código Civil.

Por su parte, respecto de los administradores, la demanda se basaba en la responsabilidad por deudas, ya que, cuando nació la obligación social, el patrimonio de la sociedad era negativo y, consecuentemente, concurría la causa legal de disolución prevista por tal motivo (art. 363.1.e) LSC). A lo que había de agregarse que los administradores no realizaron en el momento pertinente la conducta legamente exigida (convocatoria de junta general para que hubiese adoptado el acuerdo de disolución o aquel o aquellos que hubiesen sido necesarios para la remoción de la causa; haber solicitado la disolución judicial cuando dicha junta no se hubiese constituido o el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución; comunicación al juzgado de la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración; o solicitud de declaración de concurso de la sociedad; todo ello en los plazos previstos en el art. 367.1 y 3 LSC).

La sentencia de primera instancia estimó la demanda. Los demandados apelaron y la Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por los administradores sociales. Tanto la demandante como la sociedad demandada interpusieron sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. Ambos recursos extraordinarios por infracción procesal fueron inadmitidos. Y de los recursos de casación, solo resultó admitido el interpuesto por la demandante.

Para su resolución, el Alto Tribunal invocó la doctrina legal sentada en las sentencias 246/2015, de 14 de mayo, y 144/2017, de 1 de marzo, donde se estableció que el momento relevante para decidir sobre si la obligación es posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución, a efectos de exigir responsabilidad al administrador social (ex art. 367 LSC), es el momento en que nace la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario al administrador. No es preciso, por tanto, que la deuda esté vencida y sea líquida y exigible, pues, si la obligación nació estando vigente el cargo del administrador, el mismo responderá solidariamente con la sociedad, aunque hubiera cesado en el cargo antes de que la obligación estuviera vencida y fuera líquida y exigible.

Según el Tribunal Supremo, el criterio mantenido en la sentencia recurrida fue erróneo. En este sentido, debe tenerse en cuenta con carácter general que la conducta de los administradores que enerva su responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones sociales es la convocatoria de la junta para adoptar las medidas encaminadas a la remoción de la causa legal de disolución en el plazo de dos meses desde que concurrió tal causa legal; más exactamente, desde que la conocieron o debieron conocerla observando la diligencia exigible a un administrador social, dado el deber legal que les incumbe de informarse diligentemente de la marcha de la sociedad y de su situación patrimonial.

En el caso enjuiciado, resultaba indiferente que se tomase como fecha relevante la del nacimiento de la obligación social el 5 de mayo de 2016 (que era lo correcto) o, como incorrectamente hizo la sentencia recurrida, el 3 de diciembre de 2019, en que se decía que los administradores conocieron la existencia de tal obligación: en ambos casos, la sociedad deudora se encontraba incursa en causa legal de disolución y en los dos meses siguientes a la concurrencia de esa causa los administradores no habían adoptado las iniciativas legalmente previstas (art. 367.1 LSC, en relación con los arts. 365, 366.2 y 367.2 LSC).

La posterior actuación de los administradores dando cumplimiento a las exigencias legales (art. 367.1 y 3 LSC), en este caso concreto removiendo la causa legal de disolución, impidió que siguiera originándose la responsabilidad analizada respecto de obligaciones futuras, pero no excluyó la responsabilidad ya existente respecto de las obligaciones nacidas anteriormente.

En suma, lo que debe ser determinante para que los administradores adopten las conductas exigidas en el art. 367 LSC y queden liberados de responder solidariamente de las obligaciones sociales es conocer la concurrencia de la causa legal de disolución, no que conozcan la existencia de deudas nacidas habiendo concurrido esa causa legal de disolución.

Por todo lo cual, el recurso de casación fue estimado.

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La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, núm. 1416/2026, de 11 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3689), analiza si los pagos realizados por una sociedad mercantil, posteriormente concursada, eran rescindibles por haberse efectuado alterando la par condicio creditorum, es decir, por haber vulnerado la regla que exigía tratar a los acreedores de la concursada de forma igualitaria.

Una sociedad mercantil, que mantenía diversos contratos de financiación de circulante con una entidad bancaria, destinó gran parte de un préstamo ICO -avalado por el Estado en el 80% de su cuantía- a devolver una parte de dicha financiación bancaria, por importe de 282.465,19 euros, entre marzo y abril de 2020, siendo que, algunos meses después, fue declarada en concurso de acreedores, concretamente el día 14 de diciembre de 2020.

Tras la declaración de concurso, la administración concursal ejerció una acción rescisoria concursal en la que pedía la rescisión de los referidos pagos realizados entre marzo y abril de 2020, fundando la demanda en la supuesta infracción de la par condicio creditorum, so pretexto de que, cuando fueron efectuados, la sociedad deudora ya se encontraba en estado de insolvencia y algunos de los créditos que fueron saldados todavía no habían vencido.

La sentencia de primera instancia estimó completamente la demanda, acordando la rescisión de los pagos realizados por valor de 282.465,19 euros, más el interés devengado, así como que se reconociera en el concurso a la entidad bancaria demandada un crédito subordinado por 282.465,19 euros.

La entidad bancaria demandada apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó el recurso al entender que no se había producido perjuicio para la masa activa, en cuanto sacrificio patrimonial injustificado, ya que la operación se destinó a refinanciar un circulante que, en otro caso, al estar próximo su vencimiento, hubiera asfixiado financieramente a la concursada, generando una situación de impago generalizado de las fuentes de financiación que habría conducido inexorablemente a su concurso de acreedores. Además, tuvo especialmente en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto, por la crisis económica provocada por la epidemia del COVID 19 y por el hecho de que la finalidad de los préstamos ICO concedidos en aquel momento fuera precisamente desahogar económicamente a las empresas en dificultades financieras.

Contra esta última resolución la administración concursal interpuso recurso de casación, que se fundó en dos motivos, que se resolvieron conjuntamente por estar estrechamente relacionados. Así, el primero se basó en la infracción del art. 226.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) en relación con el art. 229 TRLC, por oponerse a la doctrina jurisprudencial de la Sala sobre el concepto jurídico indeterminado de perjuicio, relativo a la acción rescisoria, establecida en las SSTS, 1ª, núm. 629/2012, de 26 de octubre; núm. 105/2015, de 10 de marzo; núm. 124/2015, de 17 de marzo; y núm. 444/2017, de 13 de julio. Y el segundo se basó en la infracción de las mismas normas que el primero, por oponerse a la doctrina jurisprudencial de la Sala sobre los pagos de deudas vencidas y exigibles, efectuados en el período sospechoso, establecida en las SSTS, 1ª, núm. 629/2012, de 26 de octubre; núm. 487/2013, de 10 de julio; y núm. 170/2021, de 25 de marzo.

El Tribunal Supremo comenzó recordando que poco antes había resuelto un asunto similar mediante la sentencia núm. 1065/2026, de 1 de julio, cuya fundamentación jurídica reprodujo para resolver el presente caso. Por ello, reiteró que para analizar la procedencia de una acción rescisoria concursal es necesario precisar cuáles fueron los actos de disposición de la deudora concursada y en qué consistiría, en cada caso, el perjuicio para la masa activa.

En el supuesto enjuiciado, lo que se impugnó fueron los pretendidos pagos que la entidad bancaria demandada realizó con cargo al préstamo ICO de deudas “confirmadas” (en virtud de una póliza de contrato de gestión de pagos de financiación o confirming) antes de que resultaran exigibles. Pero la realidad fue otra distinta, pues los pagos fueron de créditos debidos, ya que la sociedad concursada pagó al vencimiento de los créditos y nunca antes. Además, no se impugnó la refinanciación concertada con la entidad bancaria sino los créditos satisfechos tras esa financiación, respecto de la que tampoco constaba que la concursada hubiera realizado operaciones (como la concesión de ciertas garantías) que hubieran comportado un sacrificio patrimonial injustificado.

Por otra parte, tampoco en el  caso enjuiciado concurrían circunstancias excepcionales que privaran de justificación a los pagos realizados, puesto que formaban parte de la operativa ordinaria del servicio de confirming convenido con el banco y desde que esos pagos se hicieron hasta que se declaró el concurso transcurrieron más de seis meses, a diferencia de lo que sucedió en otros casos analizados por la Sala, como el de la sentencia núm. 487/2013, de 10 de julio, en el que justo antes de que se presentara el concurso de una sociedad el socio mayoritario y administrador se reembolsó unas aportaciones que había realizado a la sociedad en momentos de tensión de tesorería.

En consecuencia, la Sala desestimó los dos motivos del recurso de casación de la administración concursal.

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