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	<title>luis, Author at Zurbarán Abogados</title>
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	<description>Zurbarán Abogados - Legal Solutions</description>
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	<title>luis, Author at Zurbarán Abogados</title>
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		<title>Reconocimiento a la International Taekwon-do Federation (ITF)</title>
		<link>https://zurbaran.net/reconocimiento-a-la-international-taekwon-do-federation-itf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El ejercicio de la abogacía nos regala conocer tanto a personas como instituciones que desconocíamos en un primer momento. Hoy en particular queremos hablaros de la International Taekwon-do Federation (ITF) que, con el liderazgo de su Junta Directiva, nos ha posibilitado participar en el desarrollo de su deporte y en el crecimiento de su organización....</p>
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<p>El ejercicio de la abogacía nos regala conocer tanto a personas como instituciones que desconocíamos en un primer momento. Hoy en particular queremos hablaros de la International Taekwon-do Federation (ITF) que, con el liderazgo de su Junta Directiva, nos ha posibilitado participar en el desarrollo de su deporte y en el crecimiento de su organización. La ITF ha superado todas las expectativas y comienza una nueva etapa en Suiza como una de las principales organizaciones de artes marciales del mundo. Gerardo Siguero Muñoz, de Zurbarán Abogados, nos ha compartido en todo momento el buen trato y la profesionalidad que ha recibido por los diferentes miembros de la ITF tanto a nivel nacional como internacional.<br><br>Reconocer la dirección del presidente, Gran Master Paul Weiler y el excelente trabajo como responsable financiero y de marketing de Master Leonardo Oros Duek, nos invita a reflexionar sobre la importancia del liderazgo y la empatía en el desarrollo del deporte.<br><br>De igual forma, debemos hacer especial mención al buen trabajo desempeñado por el profesor <strong>Efraim Barak</strong>, el secretario general de la organización, quien con su basto conocimiento y experiencia en el mundo del deporte profesional e institucional ha sido un elemento decisivo para la transformación de la ITF en menos de 3 años.<br><br></p>
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		<title>Una visión distinta sobre el control de las inversiones extranjeras (“FDI clearance”)</title>
		<link>https://zurbaran.net/una-vision-distinta-sobre-el-control-de-las-inversiones-extranjeras-fdi-clearance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 13:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En plena pandemia el Gobierno español decidió reformular la liberalización del régimen de inversiones extranjeras (a través de una modificación de la ley 19/2003, sobe régimen jurídico de los movimientos de capitales) y someter la inversión extranjera en sectores estratégicos a un mecanismo de control previo, estimulado por la Unión Europea y su reglamento (EU)...</p>
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<p>En plena pandemia el Gobierno español decidió reformular la liberalización del régimen de inversiones extranjeras (a través de una modificación de la ley 19/2003, sobe régimen jurídico de los movimientos de capitales) y someter la inversión extranjera en sectores estratégicos a un mecanismo de control previo, estimulado por la Unión Europea y su reglamento (EU) 2019/452, y por las circunstancias por todos conocidas durante la propia pandemia. No realizó una prohibición, sino que estableció un proceso obligatorio y previo al cierre de las operaciones de inversión en compañías españolas. Este proceso se conoce en el ámbito profesional como <em>FDI clearance.</em></p>



<p>La norma fue ampliamente criticada desde todos los sectores, también desde el jurídico, debido a múltiples factores. Especialmente por los siguientes:</p>



<ol class="wp-block-list" start="1"><li>&nbsp;el bajo límite que la norma considera para iniciar el mecanismo de control, tan sólo un 10%;</li><li>&nbsp;la ambigüedad de la redacción del artículo 7 bis.2 sobre los sectores afectados por el control, especialmente en el ámbito de la tecnología de tratamiento de datos;</li><li>la deficiente técnica legislativa de los preceptos jurídicos que dan lugar a las adquisiciones de empresas, ya que ciertos tipos de operaciones, como las ventas de activos, no se encuentran recogidas.</li><li>el bajo importe de las operaciones de inversión (a partir de un millón de euros).</li></ol>



<p>Además de las críticas técnicas, la principal conclusión fue que, de algún modo, el gobierno se extralimitaba, que tenía un celo desmedido en controlar la inversión extranjera y que el régimen, supuestamente provisional, terminaría estableciéndose como definitivo.</p>



<p>Estas críticas, si bien razonables, se han mostrado un tanto excesivas con el tiempo. En el año 2021 la Subdirección General de Inversiones Exteriores recibió 231 consultas acerca de la posible sujeción de operaciones al artículo 7 bis y la necesidad de solicitar autorización previa de inversiones. De las mismas, se sometieron a autorización previa 55 operaciones, que fueron autorizadas en su totalidad, con tan sólo 6 de ellas con medidas de mitigación de riesgos. Por tanto, parece que no había tanta intención de entorpecer o controlar las inversiones extranjeras ordinarias.</p>





<p>De hecho, la Subdirección General, en la práctica, ha instaurado un proceso de cribado o <em>screenin</em>g a través de un formulario al efecto, para el caso de que se pretenda realizar cualquier operación de inversión extranjera en España que entre en los sectores afectados y que determina si la operación requiere o no autorización previa. Si bien lo ideal sería contar con una mayor orientación, ya sea a través de guía o de página web al efecto, hay que decir que el procedimiento de cribado funciona razonablemente bien, y que tiene una duración media de 2 meses. El futuro desarrollo reglamentario que tiene encomendado la Ministra de Industria podrá, y deberá, subsanar esta cuestión.</p>



<p>La mayoría de países disponen de normas similares, siendo quizá la más relevante la de Estados Unidos, que a través de un comité entre agencias denominado CFIUS (<em>Committee on Foreign Investment in the United States</em>) puede denegar la inversión en sectores estratégicos de Estados Unidos desde la promulgación de la ley FIRRMA (aprobada en 2018), que ha aumentado las funciones del comité y que le permite bloquear transacciones de manera muy amplia, incluso acuerdos que no sean inversiones o adquisiciones. La Administración Trump, mediante la promulgación de esta ley, ha pretendido que ningún competidor estratégico, especialmente China, pueda aprovechar las lagunas del sistema CFIUS para adquirir tecnología sensible mediante acuerdos blandos como transferencias de tecnología o Joint Ventures, esquemas que ya se consideran como una transacción cubierta bajo la nueva ley y pueden ser examinados por el CFIUS.</p>



<p>El artículo 7bis español, incorpora como sector relevante sujeto al control a los <em>“Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, de acuerdo con la&nbsp;LOPD”, </em>precepto que ha dado lugar al mayor número de críticas por su ambigüedad y amplitud. Las críticas son entendibles, pero es de destacar que la propia ley FIRRMA ha establecido un precepto similar en Estados Unidos y que las inversiones en entidades que mantengan o recopilen datos de personales sensibles de ciudadanos estadounidenses cuya explotación pueda afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos serán examinadas por CFIUS (incluso aunque no se tenga el control de la entidad).</p>



<p>El conflicto por la supremacía estratégica entre China y Estados Unidos y la inversión de China en sectores estratégicos estadounidenses, así como la extracción de información y datos por parte del Gobierno Chino a través de famosas aplicaciones para jóvenes<a href="#_ftn1">[1]</a> ha hecho que la reforma legal tenga en cuenta estos aspectos. Estados Unidos y China llevan librando una guerra tecnológica, que empezó siendo comercial, desde 2019, una guerra tecnológica que probablemente terminará en una nueva guerra fría.<a href="#_ftn2">[2]</a></p>



<p>Asumiendo esta nueva lógica global, el proteccionismo que invade el mundo, y la promulgación de normas similares en otras jurisdicciones, no parece que el control en inversiones de empresas que puedan tratar con datos personales de ciudadanos españoles sea tan baladí o tan ambiguo. El peligro es real y el sector de tratamiento de datos personales debe ser controlado antes de entregar datos sensibles a ciudadanos extranjeros, especialmente de gobiernos autoritarios.</p>



<p>Ahora bien, esta redacción de normas tan ambigua, aunque adecuada, debe venir a su vez, acompañada de una respuesta ágil de la administración, que debe realizar de manera muy rápida su screening, sobre todo en empresas que traten datos que no tengan relevancia estratégica. No es lo mismo la adquisición de un software para restaurantes, que trata datos de clientes, que la adquisición de una compañía que tenga datos sensibles y relevantes para la sociedad española y el tiempo de respuesta en ambos casos debe ser distinto.</p>



<p>La agilidad es fundamental para no ahuyentar la inversión extranjera, que no debe tener trabas a la hora de invertir o adquirir empresas españolas que no sean estratégicas para España. Los abogados que representan en España, representamos, a fondos o empresas extranjeras se han acostumbrado ya a revisar sus operaciones para adecuarlas, dependiendo del caso concreto, en un sentido u otro, al control de inversiones extranjeras, desarrollando una serie de tácticas y herramientas al respecto que permita que sus clientes terminen la operación en el menor tiempo posible, dado que el proceso de screening supone un esfuerzo adicional para los adquirentes, sus advisors y sus abogados locales, teniendo que desvelar datos sensibles en ocasiones. La Subdirección General ha contribuido a que los tiempos de respuesta sean razonablemente ágiles, como hemos indicado.</p>



<p>El régimen de control de inversiones extranjeras ha llegado para quedarse. Ya forma parte del paisaje habitual de las transacciones en España y así seguirá durante mucho tiempo. La visión que debe imperar sobre la misma debe ser la de entender los motivos de su existencia en los tiempos actuales, que vienen determinados por la importancia nacional, y supranacional en el caso de la Unión Europea, de los sectores estratégicos y de los conflictos internacionales. España debe controlar la inversión extranjera y debe establecer un mecanismo amplio para proteger sus intereses industriales estratégicos. No hacerlo sería un enorme error. Desde un punto de vista operativo lo que debe exigirse es que todas las operaciones que puedan ser sometidas a autorización, y decaigan en el screening previo o sean sometidas a autorización, tengan un procedimiento ágil, rápido y flexible que permita recibir la inversión directa de todos aquellos extranjeros interesados en invertir en España.</p>



<p>El propio concepto de <em>FDI clearance </em>no debe ser criticado ni ser considerado antiliberal, sino un método de defensa como nación. El mundo en el que vivimos así lo exige.</p>



<p>Ricardo Torres</p>



<p>Socio. Zurbarán Abogados-</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Ver, entre otros, el análisis de Ben Thomson al respecto <a href="https://stratechery.com/2020/the-tiktok-war/">The TikTok War – Stratechery by Ben Thompson</a></p>



<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Ver, Ferguson Niall, Doom. Allen Lane, 2021, especialmente sus capítulos 11 y12.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Reforma del actual sistema procesal a través del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal</title>
		<link>https://zurbaran.net/reforma-del-actual-sistema-procesal-a-traves-del-proyecto-de-ley-de-medidas-de-eficiencia-procesal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 13:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Litigación]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid ccs_default"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Tras su aprobación el pasado 12 de abril de 2022, ya se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; norma que, junto con las dirigidas al ámbito organizativo y digital, conforman la base legislativa del Plan de Justicia 2030.</p>
<p>Concretamente, con la Ley de Eficiencia Procesal se pretende reformar el actual sistema procesal, acortando la duración de los procedimientos en todas las jurisdicciones, preservando al mismo tiempo las garantías procesales de los ciudadanos, así como el establecimiento de medios alternativos adecuados de solución de controversias.</p>
<p>Para alcanzar dicho objetivo, se dotará a nuestro sistema procesal de diversas medidas, entre otras, la unificación del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal; la preferencia por las notificaciones electrónicas; la digitalización de las declaraciones de testigos; la ampliación del juicio verbal por razón de la cuantía a los quince mil euros; y,  la extensión de este procedimiento a las acciones colectivas al ejercicio de acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación, acciones de división de cosa común y de propiedad horizontal relativas a reclamaciones de cantidad.</p>
<p>No obstante, una de las medidas que más interés ha causado es la implantación de los métodos prejudiciales de solución de conflictos. Con el interés de reducir la carga judicial, se pretende que para la generalidad de asuntos civiles y mercantiles, exista una previa actividad negociadora entre las partes encaminada a alcanzar de común acuerdo una solución al conflicto acontecido. En este sentido, conviene recordar que tanto el Estatuto General de la Abogacía como el Código Deontológico, instan a los operadores jurídicos a evitar acudir al litigio, buscando la concordia y solución extrajudicial de los conflictos.</p>
<p>En definitiva, como se indica en la Exposición de Motivos de la norma, con su entrada en vigor se pretende dar agilidad a la colapsada Administración de Justicia, consiguiendo que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa, debiendo esperar hasta su entrada en vigor para conocer su operatividad en nuestro sistema procesal.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
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		<item>
		<title>El valor pericial de los informes de la Administración Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 202/2022, 17 Feb. Rec. 5631/2019</title>
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		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 20:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La cuestión litigiosa sobre la que versa la sentencia que se analiza tiene su origen en la solicitud de una autorización para la exportación de un cuadro de Joaquín Sorolla y Bastida, autorización que fue denegada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español por considerar que el cuadro...</p>
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<p>La cuestión litigiosa sobre la que versa la sentencia que se analiza tiene su origen en la solicitud de una autorización para la exportación de un cuadro de <em>Joaquín Sorolla y Bastida, </em>autorización que fue denegada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español por considerar que el cuadro poseía un valor excepcional y debía permanecer en territorio nacional.</p>



<p>Disconforme con la denegación de la solicitud de exportación del cuadro, el recurrente acudió a la vía jurisdiccional sosteniendo que la sentencia impugnada, a la hora de valorar todo el material probatorio, <strong>otorgaba mayor peso al que procedía de la Administración</strong>. Ello lo justifica por la <strong>«<em>mayor objetividad e imparcialidad» </em></strong>que la misma le otorga ade los expertos de ésta, sin llegar a hacer un análisis detallado de los argumentos recogidos en todos y cada uno de los informes y dictámenes recogidos en las actuaciones. Así, la Sala Tercera del Tribunal Supremo admite el recurso interpuesto y mediante el mismo auto establece el marco de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: “<strong><em><u>Naturaleza y valor probatorio de los informes de la Administración obrantes en el expediente</u></em><u> <em>administrativo más los aportados en sede judicial como pericial, todos elaborados por funcionarios o técnicos de la Administración, y, en particular, si deben ser tenidos como informes de parte y ser valorados como tales o, si por el hecho de proceder de funcionarios</em></u></strong> <strong><em><u>de los que se presume objetividad tienen un plus de fuerza probatoria frente a los informes de parte</u></em></strong><em>.”</em></p>



<p>Comienza el Supremo por afirmar que, aunque ciertos funcionarios y técnicos al servicio de la Administración, por su formación y selección, pueden tener conocimientos especializados relevantes para probar hechos que sólo por medio de una pericia pueden ser acreditados, en todo caso, los dictámenes periciales deben valorarse «<strong><em>según las reglas de la sana crítica</em></strong><em>«,</em> lo que implica que el dictamen pericial puede ser desvirtuado por otros medios de prueba, pues la valoración de la prueba pericial según las reglas de la sana crítica es, así, una valoración libre debidamente motivada.</p>



<p>Y, una vez sentado que los expertos al servicio de la Administración pueden actuar como peritos y que -al igual que cualquier otro dictamen pericial- han de ser valorados de manera libre y motivada, la sentencia hace tres consideraciones adicionales:</p>



<ol class="wp-block-list" type="1"><li>No es lo mismo que un informe o dictamen emanado de la Administración se haga valer como medio de prueba en un litigio entre terceros o en un litigio en que esa misma Administración es parte. En este último supuesto, no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad: quien es parte no es imparcial.</li></ol>



<ol class="wp-block-list" type="1" start="2"><li>Precisar y ponderar, en cada caso concreto, el mayor o menor grado de dependencia del experto con respecto al órgano administrativo llamado a decidir es algo que, sin duda, debe hacer el juzgador, pues no todos los expertos al servicio de la Administración se encuentran en una misma situación de dependencia con respecto al órgano administrativo llamado a decidir.</li></ol>



<ol class="wp-block-list" type="1" start="3"><li>Hay supuestos en que los informes de origen funcionarial, aun habiendo sido elaborados por auténticos técnicos, no pueden ser considerados como prueba pericial (Art. 346 y 347 de la LEC y 60 de la LJCA).</li></ol>



<p>En definitiva, bajo este razonamiento, el Tribunal Supremo fija doctrina sobre el valor pericial de los informes de la Administración y rechaza que gocen de un plus de credibilidad por el solo hecho de provenir de la Administración, por lo que, al igual que cualquier otro dictamen pericial, deberán ser valorados según las reglas de la sana crítica de manera libre y motivada.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>El Tribunal Supremo publica anticipo de la sentencia sobre los recursos de casación del asunto de los ERE en Andalucía y que contiene dos votos particulares.</title>
		<link>https://zurbaran.net/el-tribunal-supremo-publica-anticipo-de-la-sentencia-sobre-los-recursos-de-casacion-del-asunto-de-los-ere-en-andalucia-y-que-contiene-dos-votos-particulares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 09:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Estima íntegramente el recurso interpuesto por el socio director de Derecho Penal y Presidente de ZURBARÁN ABOGADOS, Adolfo Cuéllar Portero,&#160;en nombre de don J.A.H. que es absuelto del delito continuado de prevaricación por el que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla. Para más información puede consultar los siguientes enlaces: https://www.elconfidencial.com/espana/2022-07-26/supremo-caso-ere-grinan-chaves-condenas_3466593/ https://www.elmundo.es/espana/2022/07/26/62deceb821efa0b8488b4599.html El...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" data-type="vc_cmsms_shortcodes-custom-css"></style>
<p>Estima íntegramente el recurso interpuesto por el socio director de Derecho Penal y Presidente de ZURBARÁN ABOGADOS, Adolfo Cuéllar Portero,&nbsp;en nombre de don J.A.H. que es absuelto del delito continuado de prevaricación por el que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla.</p>



<p>Para más información puede consultar los siguientes enlaces:</p>



<p><a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2022-07-26/supremo-caso-ere-grinan-chaves-condenas_3466593/">https://www.elconfidencial.com/espana/2022-07-26/supremo-caso-ere-grinan-chaves-condenas_3466593/</a></p>



<p><a href="https://www.elmundo.es/espana/2022/07/26/62deceb821efa0b8488b4599.html">https://www.elmundo.es/espana/2022/07/26/62deceb821efa0b8488b4599.html</a></p>



<p><a href="https://elpais.com/espana/2022-07-26/el-supremo-confirma-las-penas-de-grinan-y-chaves-por-el-fraude-de-los-ere.html">El Supremo confirma las penas de Griñán y Chaves por el fraude de los ERE | España | EL PAÍS (elpais.com)</a></p>



<p><a href="https://www.abc.es/espana/grinan-debera-ingresar-prision-tras-confirmar-supremo-20220726085341-nt.html">https://www.abc.es/espana/grinan-debera-ingresar-prision-tras-confirmar-supremo-20220726085341-nt.html</a></p>



<p><a href="/wp-content/uploads/2022/11/PROVIDENCIA-CASACION-ERES.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Descargar providencia</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Los socios de Zurbarán Abogados, Miguel y Adolfo Cuéllar, participan en la causa mercantil que finaliza con la absolución de la antigua cúpula de los empresarios andaluces.</title>
		<link>https://zurbaran.net/los-socios-de-zurbaran-abogados-miguel-y-adolfo-cuellar-participan-en-la-causa-mercantil-que-finaliza-con-la-absolucion-de-la-antigua-cupula-de-los-empresarios-andaluces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 18:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Litigación]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla que absolvió de la calificación de culpabilidad del concurso de acreedores a la anterior cúpula de los empresarios andaluces por la&#160;quiebra de una promoción de viviendas&#160;en Sevilla Este es firme desde este miércoles, al haber concluido el plazo de recurso sin que lo hagan la&#160;Fiscalía de...</p>
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<p>La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla que absolvió de la calificación de culpabilidad del concurso de acreedores a la anterior cúpula de los empresarios andaluces por la&nbsp;<strong>quiebra de una promoción de viviendas</strong>&nbsp;en Sevilla Este es firme desde este miércoles, al haber concluido el plazo de recurso sin que lo hagan la&nbsp;<strong>Fiscalía de Sevilla, el administrador concursal ni los acreedores.</strong></p>



<p>Zurbarán Abogados ha intervenido en el litigio defendiendo a la Fundación acusada y a uno de los patronos.</p>



<p><strong>&nbsp;Pinchar <a href="https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/pisos-CEA-Sevilla-Este-concurso-acreedores_0_1480952257.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí.</a></strong></p>
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		<title>Análisis sobre la “reforma laboral” publicado en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre y que entró en vigor el último día del año.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 12:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
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<p>Con el anunciado fin de reducir la temporalidad endémica del sistema de relaciones laborales en España, mediante la simplificación de los contratos, la norma opera una reordenación de las modalidades contractuales que gira sobre el eje de que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.</p>
<p><a href="https://www.zurbaran.net/wp-content/uploads/2022/01/20220103-Newsletter-Reforma-Laboral-1.pdf">Leer más</a></p>
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		<title>Aspectos relevantes del plan de pagos en la exoneración del pasivo insatisfecho</title>
		<link>https://zurbaran.net/aspectos-relevantes-del-plan-de-pagos-en-la-exoneracion-del-pasivo-insatisfecho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantil]]></category>
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			<p>La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 6 de abril de 2022 (núm. 295/2022), analiza con detenimiento la forma y el contenido que debe tener una propuesta de plan de pagos para que sea admitida por el juez del concurso.</p>
<p>La demandante solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, por el cauce del ordinal 5º del artículo 178 bis.3 de la derogada Ley Concursal (actualmente artículo 493 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal), esto es, demorado en el tiempo (cinco años) y mediante un plan de pagos. Y uno de sus acreedores se opuso, entre otras razones porque la demandante concursada no había satisfecho los umbrales mínimos de créditos concursales y contra la masa que necesariamente debía pagar y porque el plan presentado no era propiamente un plan de pagos.</p>
<p>El Alto Tribunal sostiene que la concesión de la exoneración de deudas por la vía demorada en el tiempo precisa de la aprobación de una propuesta de plan de pagos, que debe haber sido aportada previamente por el solicitante de la exoneración para que las partes puedan formular alegaciones y, a la vista de estas, el juez decidir sobre la aprobación de ese plan de pagos concreto. Consiguientemente, la aportación de la referida propuesta de plan de pagos es un requisito exigido por la norma concursal para esta vía de exoneración.</p>
<p>Por su parte, y en lo que respecta a su contenido, el Tribunal Supremo afirma que la Ley no especifica en qué consiste el plan de pagos. No obstante, si sumamos al concepto gramatical el contexto en el que surge el plan de pagos, se puede deducir que se trata de un documento en el cual se ofrece una idea del modo en que van a satisfacerse las obligaciones pendientes, esto es, se explica la forma en que se realizará el pago de las deudas durante los cinco años que dure el plan de pagos, teniéndose en cuenta para ello tanto los ingresos actuales como futuros del deudor.</p>
<p>Dicho de otro modo, el plan de pagos ha de partir de la situación actual del deudor concursado, pero contemplando las expectativas de obtener ganancias. Se debe tratar de una propuesta real: “<i>real en un doble sentido, real en cuanto existente, porque contenga un concreto ofrecimiento de pago; y real en cuanto realista, porque este ofrecimiento se base en la realidad de los recursos disponibles, y los que presumiblemente podrían conseguirse</i>”.</p>
<p>Por lo que respecta a aquellos supuestos en los que el deudor carezca de activo, la sentencia señala que el concursado tendrá que detallar esta carencia, su situación laboral, si obtiene algún subsidio o pensión, las posibilidades que podría tener en el futuro de generar recursos y la relación de créditos contra la masa y privilegiados que deben ser satisfechos.</p>
<p>Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que el incumplimiento del plan de pagos puede no hacer desmerecer la exoneración definitiva. No obstante, esta posibilidad no puede conducir a afirmar la irrelevancia del plan de pagos.</p>

		</div>
	</div>

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		<title>El otorgamiento de poderes generales a favor de los consejeros no equivale a una delegación de facultades</title>
		<link>https://zurbaran.net/el-otorgamiento-de-poderes-generales-a-favor-de-los-consejeros-no-equivale-a-una-delegacion-de-facultades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantil]]></category>
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			<p>La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 21 de marzo de 2022 (núm. 215/2022), analiza si el otorgamiento de poderes generales a todos los miembros del Consejo de Administración de una sociedad de capital puede interpretarse como una delegación de funciones en el sentido previsto en el artículo 249.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) o una atribución de funciones ejecutivas “<em>en virtud de otro título”</em> ex artículo 249.3 LSC.</p>
<p>En el presente caso, el demandante considera que el otorgamiento de poderes generales a favor de todos los miembros integrantes del Consejo de Administración constituye una delegación de facultades ejecutivas y que, por consiguiente, debería haberse dado cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 249.3 LSC, esto es: (i) celebración de un contrato entre la sociedad y cada uno de los consejeros; (ii) aprobación previa por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros; y (iii) abstención del consejero afectado.</p>
<p>La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y declaró no haber lugar a la nulidad del acuerdo impugnado. El actor recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Zaragoza estimó su recurso (sentencia núm. 34/2019, de 16 de enero, Sección 5ª), revocando la sentencia de primera instancia y declarando la nulidad del acuerdo impugnado. No obstante, el Tribunal Supremo, finalmente, da la razón a la sociedad demandada, sobre la base de los razonamientos que se exponen a continuación.</p>
<p>Así, se sostiene: (i) que la delegación de ciertas funciones del Consejo de Administración, en el sentido previsto en el artículo 249.1 LSC, ha de conferirse a uno o varios consejeros o comisiones ejecutivas (no es posible la delegación en un tercero no administrador), cuando los estatutos de la sociedad no dispusieren lo contrario; (ii) que las funciones de decisión propias del órgano de administración y la titularidad de la representación orgánica de la sociedad continúan correspondiendo a dicho órgano; (iii) que el acuerdo de otorgar poderes a todos los miembros del Consejo de Administración debe interpretarse como un modo de agilizar las relaciones de la sociedad con terceros. Lo contrario equivaldría, en la práctica, a la existencia de seis administradores solidarios, cada uno de los cuales podría adoptar cualquier decisión en las competencias propias del Consejo de Administración, sin necesidad de decisión colegiada alguna y con la posibilidad de adopción de decisiones contradictorias entre los mismos; y (iv) que, en el supuesto en que todos los consejeros sean a su vez apoderados generales, el consejero actúa como apoderado voluntario, <em>alieno nominen</em>, y no manifiesta su voluntad en un ámbito de decisión que le haya sido atribuido por el Consejo de Administración, sino que manifiesta la voluntad misma del Consejo, expresada en una decisión que este haya adoptado en relación con una determinada cuestión.</p>
<p>En conclusión, el Alto Supremo entiende que al acuerdo impugnado no le es aplicable el régimen previsto en el artículo 249 LSC, al tratarse de un apoderamiento de los que dicha norma prevé como una institución distinta de la delegación de facultades en uno o varios consejeros o comisiones ejecutivas.</p>
<p> </p>
<p>&nbsp;</p>

		</div>
	</div>

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		<title>El registro horario aún trae quebraderos de cabeza a los empresarios</title>
		<link>https://zurbaran.net/el-registro-horario-aun-trae-quebraderos-de-cabeza-a-los-empresarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 10:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
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			<p>Se cumplen tres años de la entrada en vigor de la normativa.</p>
<p class="5Dtxtsg">Los españoles trabajaron 27 millones de horas extras al mes, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), de las cuales, 2,9 millones de horas a la semana fueron gratis. Así lo expuso la semana pasada la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, poco antes de anunciar la puesta en marcha de un novedoso algoritmo que ayudará a los inspectores a poner la lupa sobre los excesos de jornada no fiscalizados, que ni se pagan ni cotizan.</p>
<p class="5Dtxtcg">En la ola de concienciación por cuidar la salud mental de los trabajadores, cumplir con los horarios se ha convertido en un tema nuclear. El aumento de la conflictividad en este punto es notable: según refleja la base del Poder Judicial, en 2021 hubo al menos <strong>1.996 resoluciones judiciales</strong> en el orden laboral que incluyeron el término «horas extraordinarias» y “registro”. Un número sensiblemente superior a las 1.478 resoluciones registradas en 2018.</p>
<p class="5Dtxtcg">Desde la entrada en vigor de la nueva normativa en 2019, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto un total de 3.713 sanciones en materia de registro de jornada. Ello ha supuesto casi <strong>cinco millones de euros</strong> en sanciones para empresas incumplidoras, según información facilitada por el ministerio.</p>
<p class="5Dtxtcg">“El registro horario ha facilitado la vigilancia de las horas extras por parte de la inspección”, valora Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. En su opinión, la normativa ha supuesto un instrumento “válido y eficaz” para desenmascarar irregularidades “en el descanso entre jornadas, en el descanso de fin de semana o prolongaciones de jornada que no se han remunerado”. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción sindical y Empleo de CCOO, constata que las horas extras siguen sin declararse y «se realizan en exceso en demasiados casos». Según los datos que maneja, entre 2018 y 2020 se amplió la jornada a <strong>72.945 contratos</strong> a tiempo parcial por fraudes detectados por los inspectores.</p>
<p class="5Dtxtcg">A pesar de haber pasado tres años desde su entrada en vigor, la nueva norma aún levanta numerosos interrogantes. Por ejemplo, ¿es posible controlar las horas extras mediante la validación posterior del jefe? La Audiencia Nacional ha dicho que no. En una reciente <a href="https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/17/legal/1652799037_665292.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentencia</a>, el tribunal ha instado al BBVA a cambiar su sistema de registro de jornada, que diferenciaba entre exceso de horas por “motivos personales” y por “motivos laborales”.</p>
<h3 class="5Dladillo">Horario flexible</h3>
<p class="5Dtxtsg">La llegada del teletrabajo a marchas forzadas ha supuesto un factor de dificultad, subraya Paz de la Iglesia, socia responsable de laboral de DLA Piper. “Es difícil conciliar la mayor flexibilidad que exigen los trabajadores con el control rígido del tiempo de trabajo”, señala la abogada.</p>
<p class="5Dtxtcg">Miguel Cuellar Portero, socio de laboral de la firma Zurbarán Abogados, coincide en que la proliferación de jornadas flexibles y de “relaciones laborales de carácter especial” son dos de las cuestiones que más dudas levantan. “La principal queja surge de la ingente cantidad de sectores, actividades y empresas que presentan peculiaridades. No es lo mismo una tienda de ropa abierta al público que una firma de auditoría”, subraya el letrado.</p>
<h3 class="5Dladillo">Registros fiables</h3>
<p class="5Dtxtsg">Otro de los focos de conflicto radica en garantizar la fiabilidad del registro. Javier Palacio, socio laboral de López-Ibor abogados, asegura que, en estos tres años, se han encontrado con herramientas de registro que no cumplen con los requisitos que marca la ley porque “pueden ser modificadas con posterioridad al registro de la jornada”. También han detectado empresas que “no realizan diariamente el registro”, lo que pone en duda la fiabilidad del sistema.</p>
<p class="5Dtxtcg">Carmen Gutiérrez, abogada laboralista de Dikei Abogados, señala en este sentido que los registros horarios obligatorios se han implantado “en la mayoría de las empresas”; sin embargo, los pequeños negocios aún encuentran “mayor dificultad para el cumplimiento de esta obligación”, apostilla. En especial cuando no hay representación sindical o los empresarios no cuentan con herramientas digitales para realizar la tarea.</p>
<p class="5Dtxtcg">Los jefes deben tener cuidado. Carecer de un registro horario –o contar con uno defectuoso– puede implicar la inversión de la carga de la prueba contra la empresa en un posible pleito, lo que deja la puerta abierta a un alud de reclamaciones por horas extras que puede traer “consecuencias económicas de mayor calado” que las multas de la inspección, advierte la abogada Paz de la Iglesia.</p>

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