El proceso de obtención de autorizaciones administrativas, conocido en la jerga como «permitting», se ha convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo de energías limpias en España. Este término anglosajón se repite en cada foro, entrevista o almuerzo del sector, y ni siquiera las voces más moderadas dentro de la industria escatiman en usar expresiones como “odisea”, “caos” o “infierno” al referirse al proceso burocrático que rodea y limita el despliegue de proyectos en España.

Además de tiempo y tinta, obtener los permisos necesarios resulta en una factura millonaria por cada parque. Nuestra compañera Elena Algarrada, abogada de Energía de Zurbarán Abogados, asegura al respecto que “abogados, ambientólogos, geotécnicos, medidas compensatorias, desarrolladores, arqueólogos… todo eso son recursos que debe costear el promotor y que suponen alrededor de 40.000 euros por megavatio”.

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