La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, núm. 1439/2026, de 17 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3746), es interesante porque, al analizar los requisitos que han de concurrir para que el administrador de una sociedad de capital sea declarado responsable solidario, junto con la sociedad, de las deudas sociales ex artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC), se detiene exhaustivamente en la relevante cuestión de la determinación del momento en que puede presumirse la existencia de la causa de disolución de la sociedad.

En el supuesto enjuiciado una determinada sociedad demandó al administrador único de una sociedad limitada, acumulando las acciones contempladas en los arts. 241 y 367 LSC, reclamándole la cuantía de 21.240 euros correspondiente a varios pagarés, emitidos entre septiembre y diciembre de 2019, que resultaron impagados a su vencimiento. Para fijar los términos de la controversia, eran fechas relevantes: (i) a 31 de diciembre de 2018 la sociedad administrada por el demandado tenía unos fondos propios positivos de 169.271,97 euros; (ii) a 31 de diciembre de 2019 dichos fondos propios eran de -3.679 euros; (iii) el 10 de julio de 2020 dicha sociedad presentó la comunicación prevista en el entonces vigente art. 5 bis de la Ley Concursal de 2003 (LC) ; y (iv) el 4 de octubre de 2021 se declaró el concurso de acreedores y en la misma resolución se acordó su conclusión porque la sociedad concursada carecía de masa activa.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar, por un lado, que no concurrían los requisitos del art. 241 LSC y, por otro, que la causa de disolución no se había hecho evidente hasta la formulación de las cuentas anuales de 2019, en agosto de 2020, por lo que el administrador demandado cumplió con el deber de realizar la comunicación del citado art. 5 bis LC, pues concurrían simultáneamente la causa de disolución y la insolvencia de la sociedad.

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la demandante, puesto que consideró que, aunque la causa de disolución concurría al cierre del ejercicio 2019 y la deuda social era anterior a ese momento por unos meses, procedía aplicar la presunción del art. 367.2 LSC, ya que el administrador demandado no había aportado medio de prueba alguno que permitiera concluir que la sociedad no se encontraba incursa en causa de disolución por pérdidas cualificadas durante todo el ejercicio 2019. Además, puntualizó que, si concurría insolvencia además de causa de disolución, debía instarse el concurso, pero ello no implicaba que las reglas del art. 367 LSC fueren abolidas o sustituidas por las propias de la responsabilidad concursal.

Contra esta última resolución el administrador demandado interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal (fundado en dos motivos que, finalmente, no fueron analizados al invertirse el orden de los recursos y carecer de efecto útil) y un recurso de casación, basado este último en dos motivos, íntimamente relacionados, que se resolvieron conjuntamente. En concreto, por infracción de los arts. 367, 361 y 363.1 e) LSC y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que sostiene que, cuando el daño deriva de la situación de insolvencia de la compañía, el cauce natural para examinar la responsabilidad del administrador es la sección de calificación del concurso.

Comenzó el Tribunal Supremo, invocando la jurisprudencia contenida en las SSTS, 1ª, núm. 601/2019, de 8 de noviembre, núm. 586/2023, de 21 de abril, y núm. 3/2026, de 8 de enero, y puntualizando que, como el ámbito objetivo de la responsabilidad solidaria de los administradores abarca solo las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, la prueba de que la deuda social es anterior recae en el administrador demandado y la prueba de la concurrencia de la causa de disolución y desde cuándo concurre recae en el  acreedor demandante.

En el  caso examinado las obligaciones sociales nacieron en la fecha de emisión de los pagarés, entre septiembre y diciembre de 2019, mientras que el deber de disolución de la sociedad comenzó cuando los administradores conocieron o pudieron conocer, con un mínimo de diligencia, la situación de desequilibrio patrimonial de la sociedad (así, SSTS, 1ª, núm. 195/2006, de 9 de marzo, y núm. 14/2010, de 12 de febrero), máxime, como indicó la Sala, cuando con los actuales sistemas de información la situación contable puede ser conocida por los administradores en cualquier momento.

Al nacer las primeras obligaciones sociales en septiembre de 2019 (primeros pagarés impagados), la causa de disolución tuvo que haberse manifestado en el balance de comprobación cerrado a 30 de junio de 2019, que era el inmediatamente anterior a septiembre de 2019, lo cual era poco lógico e improbable teniendo en cuenta las cifras del patrimonio neto al comienzo (169.271,97 euros) y al final (-3.679, euros) del ejercicio 2019. Consiguientemente, el Alto Tribunal concluyó que en este caso no se podía presumir que la causa de disolución fuera anterior al momento en que nacieron las deudas sociales y el administrador único demandado no respondía de esas deudas.

En consecuencia, se estimó el recurso de casación interpuesto por el referido administrador único.