Uno de los históricos males que afecta a nuestra Administración de Justicia es la lentitud de la misma. A la clásica cita que dice que “una Justicia tardía no es Justicia” hay que añadir el impacto negativo que esta lentitud tiene en la economía. Como señala el último informe al respecto del Defensor del Pueblo, la tardanza injustificada en la tramitación de los procesos judiciales supone un preocupante debilitamiento de la confianza ciudadana en la Justicia, pues un sistema judicial eficiente es un motor de desarrollo económico. La adecuada temporalidad en la resolución y ejecución judicial es un presupuesto básico para alcanzar la Justicia en su dimensión materia.

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