La defensa del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha pedido hoy al tribunal que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta por el caso ERE que «no dicte una sentencia política», que olvide «las consecuencias mediáticas» de una absolución y que no «intente compensar» las recientes condenas al PP.

El abogado José Manuel García-Quílez representa a Rodríguez Román, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, y ha criticado la falta de concreción de la Fiscalía y las acusaciones respecto a su defendido ante lo que ha considerado «una incriminación grupal como si los acusados fuesen una manada».

Especialmente duro ha sido al final de su informe, en el que ha pedido la absolución de su cliente, al dibujar el caso ERE desde su «durísima instrucción» iniciada por la jueza Mercedes Alaya como un «juicio político» en que «no bastaba con enjuiciar a los golfos» a los que aludió el expresidente Manuel Chaves en alusión a los «intrusos» -beneficiarios de prejubilaciones sin derecho- o a los «intermediarios» que cobraron sobrecomisiones, «sino que también había que enjuiciciar a los políticos por ese presunto ‘mangazo’».

Para ello, según el letrado, el Ministerio Público y las acusaciones de PP y Manos Limpias han construido «acusaciones infundadas» basadas en «conjeturas», «elucubracines», «sospechas» y «mera fantasía» según las cuales los 21 ex altos del Gobierno socialista de Andalucía se pusieron de acuerdo para diseñar un «procedimiento específico» que puso en manos del director general de Trabajo fondos públicos para dar ayudas sin control a amigos y «tejer una red clientelar para obtener votos».

García-Quílez ha lamentado la tendencia «no sólo a la politización de la Justicia sino a la judicialización de la política» con la que se intenta «lograr de los contrincantes en los tribunales lo que no se ha logrado en el pleno» del Parlamento o el Ayuntamiento de turno.

Ha señalado que su cliente y el resto de acusados «han sido ya condenados públicamente en el llamado mayor caso de corrupción de Andalucía», son «apestados sociales» y están «amortizados políticamente», al haber sido excluidos de sus partidos y cargos.

El letrado incluso ha aludido al uso de acusaciones judiciales contra cargos socialistas anteriores para frenar sus victorias electorales, como en el caso del «presidente del Gobierno más longevo», Felipe González, o del «alcalde de Sevilla más longevo», Alfredo Sánchez Monteseirín.

A su juicio, el caso ERE pretende lo mismo con un PSOE andaluz que lleva casi cuatro décadas gobernando la Junta sin alternancia y al que «ni el caso ERE, Invercaria, los cursos de formación o la Faffe parecen ser suficientes» para desalojarlo del poder «porque las encuestas dicen que va a volver a ganar el próximo domingo».