Todos los operadores jurídicos nos vimos sorprendidos por las importantes reformas generadas por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo (en adelante, “RDl 6/2023” o “Real Decreto-ley”).
La sorpresa no solo vino por la reforma en sí, sino también por la norma escogida para su implementación, aunque en el presente artículo no entraremos a valorar el método legislativo escogido por el Gobierno de la Nación.
Mediante este Real Decreto-ley se pretende dar un paso adelante en la modernización y digitalización de la Justicia en nuestro país, así como en la agilización en la tramitación de los procesos judiciales.
En este sentido, aunque el RDl 6/2023 aplica a las jurisdicciones civil, penal y contencioso administrativo, nos ceñiremos en esta breve nota a la primera de ellas, habida cuenta de las importantes novedades introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, “LEC”).
