Anunciábamos en la entrega anterior que el parón judicial provocado por las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en nuestro país condenaba a los Tribunales de Justicia a sufrir un inevitable colapso.
Semanas después del cerrojazo judicial, el Consejo General del Poder Judicial acaba de anunciar un plan de choque ante una situación sin duda excepcional y sin precedentes que tiene como principales objetivos evitar un colapso generalizado en la Administración de Justicia, agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables, y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.
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