Interrupción de la prescripción de la acción individual de reclamación de daños y perjuicios por el previo e infructuoso ejercicio de la acción colectiva de ineficacia de determinados contratos

Interrupción de la prescripción de la acción individual de reclamación de daños y perjuicios por el previo e infructuoso ejercicio de la acción colectiva de ineficacia de determinados contratos

La STS, 1ª, núm. 1658/2026, de 27 de octubre (ECLI:ES:TS:2026:4354), se ocupa de la relevante cuestión de la interrupción de la prescripción, en esta singular ocasión respecto de la acción de indemnización de daños y perjuicios (ex art. 1101 del Código Civil, “CC”), por causa del previo e infructuoso ejercicio judicial de la acción de nulidad o anulabilidad, de forma colectiva, en relación con un determinado contrato de permuta financiera de intereses o swap, que fue celebrado el 1 de mayo de 2008 y novado el 11 de mayo de 2009, con prórroga del plazo hasta el 1 de mayo de 2016.

En este sentido, una determinada asociación de consumidores y varios cientos de personas físicas, entre ellas la demandante en la sentencia aquí reseñada, promovieron una demanda colectiva contra la entidad de crédito en cuestión, en la que postularon la nulidad o anulabilidad de los contratos de permuta financiera concertados por aquella. Dicha demanda fue desestimada en ambas instancias y, finalmente, la Sala 1ª inadmitió el recurso de casación de los demandantes por auto de 19 de diciembre de 2018.

El 26 de febrero de 2021, la actora formuló una demanda contra la referida entidad de crédito, en la que ejercitó una acción de indemnización de daños y perjuicios por el defectuoso asesoramiento en la comercialización del contrato de permuta financiera celebrado.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda y, en lo que ahora interesa, consideró que el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria ejercitada estaba sujeto al art. 1964 CC y no comenzó a computarse hasta que la desestimación de la acción colectiva antes mencionada quedó firme. Recurrida la sentencia por la entidad demandada, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. En lo que aquí importa, confirmó el criterio sobre la prescripción.

La entidad de crédito interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue finalmente desestimado.

En relación con el asunto enjuiciado, el Tribunal Supremo comenzó poniendo de manifiesto que, en nuestra jurisprudencia, respecto de la extinción de las acciones por defectuoso asesoramiento en la comercialización de contratos de permuta financiera, se ha venido distinguiendo según se ejercite una acción de nulidad por error vicio del consentimiento o una acción de indemnización de daños y perjuicios del art. 1101 CC.

En este segundo caso, que era el de este litigio, se ha considerado que la acción indemnizatoria está sometida al plazo general de prescripción de las acciones personales (actualmente cinco años ex art. 1964 CC, antes quince años), y que el día inicial habrá de determinarse conforme a las previsiones del art. 1969 CC, que acoge el criterio de la llamada actio nata (actio nondum nata non praescribitur), es decir, desde que la acción pudo ejercitarse porque el perjudicado tuvo conocimiento, o pudo razonablemente tenerlo, del daño y de su alcance. Regla general que, aplicada a las características del contrato de swap, supone que la acción no puede ejercitarse hasta que el cliente adquiere conciencia efectiva de las consecuencias económicas perjudiciales del producto, normalmente a través de liquidaciones negativas relevantes, de la cancelación con coste o de otro momento en que puede apreciar el perjuicio patrimonial derivado del déficit informativo en la contratación Es decir, no se toma como referencia la consumación o extinción del swap, sino el momento en que el daño económico se manifiesta y puede ser conocido y reclamado por el cliente.

Comoquiera que la demandante pudo tomar conocimiento del perjuicio en mayo de 2011, en que ya recibió liquidaciones negativas, y no interpuso la demanda hasta febrero de 2021, ya habría transcurrido el plazo de prescripción del art. 1964 CC, en su aplicación transitoria conforme a la Ley 42/2015, de 5 de octubre (por todas, sentencia 29/2020, de 20 de enero). Por lo expuesto, resultaba decisivo determinar si la interposición de la acción colectiva interrumpió el plazo de prescripción, conforme al art. 1973 CC.

A tal efecto, el Tribunal Supremo puso de manifiesto que, en términos generales, entre una acción colectiva y una acción individual no existe litispendencia, porque normalmente falta la identidad subjetiva exigida por el art. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero, según el Alto Tribunal, lo determinante en este caso no era la vinculación procesal entre la acción colectiva y la individual, sino que la actora fue demandante en el primer procedimiento (el de la acción colectiva), en el que se discutió el cumplimiento por la misma entidad demandada de sus obligaciones de asesoramiento como entidad de servicios de inversión en este tipo de contratos. Que en un caso (la acción colectiva) se hubiese postulado la nulidad y en otro (la demanda inicial del segundo procedimiento) la responsabilidad civil, no era óbice para dicha conexión, por cuanto que el fundamento fáctico y jurídico era el mismo: el déficit informativo sobre las características y riesgos del producto financiero.

Para el Tribunal Supremo, la prescripción extintiva no se produce cuando el perjudicado ha llevado a cabo actos que exteriorizan de forma inequívoca su voluntad de conservar y hacer valer su derecho, porque la institución de la prescripción se fundamenta en la inactividad del titular de la acción durante el tiempo legalmente establecido. Allí donde no existe abandono, desinterés o pasividad, desaparece la razón de ser de la prescripción. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia de la Sala 1ª ha dado valor no solo a la realización de actos procesales, sino también a otras actuaciones objetivamente idóneas para poner de manifiesto ante el obligado que el titular no ha renunciado a su pretensión. De tal manera que, si el deudor conoce, por actos concluyentes del acreedor, que este continúa reclamando la reparación del daño o el cumplimiento de la obligación, no puede invocar legítimamente la confianza derivada de una supuesta pasividad del titular (sentencias 163/2015, de 1 de abril; y 623/2016, de 20 de octubre).

Según el Alto Tribunal, resultaría contradictorio afirmar simultáneamente que el perjudicado ha desplegado actuaciones encaminadas a obtener la reparación del daño y, al mismo tiempo, considerar prescrita la acción por falta de actividad. Y ello era patente en un caso como el analizado, en que la demandante, antes de interponer la demanda que dio origen al procedimiento, ya fue parte en otro procedimiento con similar finalidad. Por lo que debía entenderse interrumpido el plazo de prescripción.

En resumen, no concurría la prescripción extintiva invocada por la entidad demandada, porque dicha excepción sanciona la inactividad del titular del derecho, que no resultaba apreciable en el presente caso. Las actuaciones desarrolladas por la demandante revelaban de forma objetiva, constante e inequívoca su voluntad de conservar y hacer valer la pretensión indemnizatoria, siendo incompatibles con cualquier idea de abandono o desinterés respecto del crédito resarcitorio. En consecuencia, dichos actos poseían eficacia interruptiva conforme al art. 1973 CC, al exteriorizar ante el obligado la subsistencia de la reclamación y destruir la apariencia de pasividad en la que se fundamenta la prescripción (por todas, sentencia 241/2024, de 26 de febrero, y las muchas que en ella se citan).